El alcalde de Santo Domingo Este insiste en crear un supuesto “gobierno civil” paralelo, movilizando para ello a comunitarios, iglesias y otras fuerzas barriales. Lo hace mientras reconoce que muchas Juntas de Vecinos están desactualizadas. ¿Por qué no fortalece las organizaciones que la ley reconoce y protege? ¿Por qué prefiere inventar estructuras sin base legal clara que terminan duplicando las funciones de las juntas?
Las Juntas de Vecinos están amparadas por la Ley 176-07 y la Ley 122-05. Son las llamadas a representar a los vecinos, canalizar demandas y participar en la gestión municipal. Crear figuras alternativas bajo el manto de la alcaldía no solo es irregular: permite al alcalde controlar directamente la movilización comunitaria, las ayudas y el discurso barrial. Es más fácil dirigir una estructura paralela leal que lidiar con juntas independientes o críticas.
Al mismo tiempo, el alcalde se aparta de los esfuerzos de las Mesas de Seguridad Ciudadana que impulsa el Ministerio de Interior y Policía. En lugar de potenciar ese espacio interinstitucional, crea sus propias organizaciones. ¿Por qué rechazar el marco nacional y armar uno propio? La respuesta más coherente es que busca manejar la seguridad y la participación a su medida, sin rendir cuentas a instancias superiores ni compartir protagonismo.
Todo apunta a un trasfondo político. Un “gobierno civil” controlado desde la alcaldía permite construir una base de apoyo propia, proyectar liderazgo más allá del municipio y utilizar a los comunitarios e iglesias como fuerza de movilización electoral. No se trata de fortalecer la participación ciudadana real, sino de subordinarla a las ambiciones de quien ocupa el Palacio Municipal.
Mientras se debilita lo legal y se fortalece lo paralelo, la pregunta queda abierta: ¿se está gobernando para los vecinos o se está usando a los vecinos para gobernar más lejos?
